EL PROBLEMA DE LA BUROCRACIA Y LA GESTIÓN DE GOBIERNO

El presente artículo fue escrito desde hace ya algunos meses, no había sido publicado por las circunstancias que atraviesa hoy día el país, por la enfermedad del presidente de la República, dudábamos sobre la pertinencia del mismo en estos momentos, sin embargo, como estamos en contra de esa cultura de relegar siempre lo importante por lo urgente, consideramos que si es imperativo generar debate en el país sobre el tema que abordamos en esta oportunidad.

El tema que nos convoca en esta oportunidad es sobre táctica, no tanto de estrategia como algunos de los artículos anteriores: ¿cómo abordar los problemas de gestión de todas las instancias de gobierno? Luego del proceso electoral de octubre de 2012, el Presidente de la República dio instrucciones para modificar la cartera y las funciones del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, agregándole funciones de seguimiento, con el objeto de poder tener un ente para mejorar las acciones de gobierno. Han pasado desde entonces algunos meses, por lo que vale la pena algunas reflexiones.

Lo primero es la medida: ¿cómo medir la eficacia y la eficiencia de un Estado, de un gobierno? Es común en el ámbito internacional (desde las agencias multilaterales) que los números por los números sean el punto de medición, y esto se repite casi que automáticamente en Venezuela: las políticas en salud miden cuantos enfermos se atendieron, las políticas de seguridad, cuántos crímenes se procesaron, y así sucesivamente. Estas mediciones representan la inversión (en sentido de un Estado al revés) de las funciones de un Estado; la medida no debe ser cuánta gente va a los hospitales, sino cuánta gente dejó de enfermarse, es decir cómo está incidiendo la política de salud en la minimización de las afecciones de la salud de la gente, iguales parámetros se debería seguir en materia de seguridad, y en el resto de las políticas de gobierno.

Por ello, es necesario definir la eficacia y eficiencia, porque estás dos tienen que apuntar a las transformación de las condiciones de vida de las personas, y no a medir el cumplimiento de procedimientos administrativos por parte de la burocracia, como se ha hecho hasta ahora, lo que demuestra  que la tecnocracia neoliberal está en los tuétanos de la administración pública. El problema de la medición es tan grave, que en la discusión sobre las comunas, hay un criterio tecnocrático que presiona la construcción de dicha organización política: para dentro de seis años deben haber más de treinta mil comunas ¿las comunas son importantes por sus cualidades políticas o por la cantidad de estas instancias que hayan?

Deberíamos recordar el nefasto proceso de las cooperativas en el país a partir de SUNACOOP, lamentablemente la promoción de cooperativas se realizó con una visión tecnocrática que buscaba sólo números, el resultado es que hoy día las cooperativas no causan mucha confianza, y se han sido desplazadas de las formas de producción social, como si las cooperativas fuesen una especie de virus capitalista, cuando en muchas partes del mundo estas son una forma de resistencia y permanencia de la producción local frente a los embates del neoliberalismo, con sus fracasos por supuesto. En todo caso, estos ejemplos los traemos a colación para tratar de manifestar de la manera más contundente: LA TRASNFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES MATERIALES DE EXISTENCIA NO ES UN PROBLEMA CUANTITATIVO, los números es un problema de la burocracia, no del colectivo al cual se debe, los números sirven sólo para la auto-referencia.

Quedamos entonces en que la transformación de una sociedad no puede ser expresada en el número como un fetiche, ese es el primer problema. El un segundo es ¿quién mide? Venezuela es un país con 335 Municipios, 2 Áreas Metropolitanas, 23 Estados, 1 Distrito Capital y un Área Insular, cada una de estas estructuras políticas tiene competencias y funciones específicas en cuanto a las acciones de gobierno, además de ello existe 31 Ministerios más un número bastante considerable de empresas del Estado, Institutos Autónomos, Fundaciones y otras instancias a nivel nacional, regional y municipal que se encargan de la gestión de gobierno, valga ahora la pregunta: ¿cómo un ministerio va a ser el responsable de hacerle seguimiento a todo eso? ¿Cuánta burocracia se necesita para que sea un ministerio más o menos eficiente y no se convierta en lo que son muchos de sus semejantes?

Luego de estos meses, lamentablemente hay pocas noticias de cómo se va a desarrollar la política de esta cartera, hemos logrado leer que se realizará una especie de diagnóstico del país, para poder emplear una política pública en materia de seguimiento a la gestión. El problema de esta medida es que repite errores ya cometidos: el sobredimensionamiento del Poder Ejecutivo. Muy respetuosamente consideramos que la vía más orgánica y eficaz para poder responder a las inquietudes por las cuales surge este ministerio, es que el mismo articule de inmediato con la Contraloría General de la República y con la Defensoría del Pueblo, no hace falta más diagnóstico de la situación, estas Instituciones del Poder Ciudadano tienen suficientes denuncias hechas por hombres y mujeres, por comunidades, que tienen que ver con el mal desempeño en la gestión gubernamental en sus tres niveles. Si el Estado da respuesta a estas denuncias, seguro que tendría sus efectos en la sociedad, pero principalmente en la burocracia: que los burócratas sientan que tienen un control sobre sí, en materia administrativa y en materia de derechos humanos.

Hay otro factor importante con respecto a este Ministerio: en cada Municipio hay un Consejo Municipal, lo que significa que hay concejales con funciones de control de la gestión del Poder Ejecutivo Municipal, sin embargo, muy responsablemente tenemos que decir que los Consejos Municipales en Venezuela son una gran estafa a la nación. En promedio elegimos un concejal por cada 20.000 habitantes, lo que significa que en nuestro país hay alrededor de 1500 concejales, de los cuales algunos cumple con su trabajo, de resto básicamente parasitan al Estado.

Además de los Consejos Municipales, hay Contralorías Municipales, una por cada municipio. A nivel de las regiones existen 233 diputados y diputadas que entre muchas otras cosas tienen competencias en el control de la gestión, además de la Contraloría de cada estado y la Defensoría del Pueblo Delegada, además de ello sumémosle los órganos de control interno de cada una de estas instancias, es un número importante de burocracia (de todos los sectores políticos) que debería estar dedicada a supervisar la gestión de los distintos gobiernos en el país.

Lo que intentamos reflejar es que en Venezuela, ya existen bastantes entes institucionales que se deben encargar del control y seguimiento; no hace falta aumentar la burocracia con la reestructuración de este ministerio. Lo que hace falta es poner a girar los engranajes de estas estructuras a fin de que las mismas puedan responderle a la nación.

Muchos responderán ante nuestras atrevidas apreciaciones lo siguiente: a) el Poder Ejecutivo Nacional le quitó las competencias a todas las regiones; otros dirán, b) los municipios y los estados son instancias burguesas, y por lo tanto se deben desaparecer para poder eliminar la corrupción, hay que esperar las comunas. Ni tan calvo, ni con dos pelucas. a) Las instancias regionales y locales aún existen y allí hay políticos y trabajadores que tienen responsabilidades con su región, por esas responsabilidades reciben un sueldo, y tienen consecuencias civiles, penales y administrativas en el incumplimiento de sus funciones. b) No podemos esperar a que se construyan las comunas para comunalizar los municipios y los estados, si en estos momentos alguna comunidad pudiera hacerle frente a la burocracia del Estado, logrando que este le responda de manera eficaz, oportuna y pertinente, seguro que en esa comunidad se gestará una comuna con las plenitudes cualitativas de lo que ello significa. Si hoy día no podemos comunalizar los municipios y los estados, las futuras comunas no serán más que un enunciado, con una gran deficiencia de contenido.

Desde hace por lo menos seis años, se ha vitoreado en el país el tema de la Contraloría Social, sin embargo, podemos decir que son muy, pero muy pocos, los casos en los cuales se ha hecho seguimiento real a esta forma comunitaria de hacerle control a las acciones de gobierno; y son menos aún aquellos casos en los cuales se haya llegado a una solución satisfactoria para las comunidades. Comprendemos totalmente que enunciar las cosas tiene su importancia social, lo que no se enuncia, lo que no se dice, no existe, así más o menos funciona el lenguaje, sin embargo, cuando algo se dice mucho deja de tener sentido, por lo tanto, lo comunal, lo comunitario, debe enunciarse en su justa dimensión, para reconocer su existencia, pero sin abusar de la misma. Estamos conscientes de que la problemática del Estado en Venezuela es la preeminencia de un aparataje burocrático que responde a sus propias necesidades (en todos los niveles y ámbitos del Estado) y no a las de la población, pero si pretendemos transformar, la solución no debe ser entonces aumentar la burocracia, sino más bien enfrentarla.

Los problemas en el desarrollo de las obras, proyectos, etcétera, tiene que ver con corrupción, eso es un secreto a voces, de hecho, en entrevistas que le han realizado a la Ministra Meléndez ha dicho que eventualmente pueden rodar cabezas, lo que le hace interpretar que efectivamente han detectado la corrupción, y ojalá que no sólo rueden las cabezas, sino que estas personas sean procesadas por las acciones cometidas. Sin embargo, conocemos casos en los cuales las políticas no son eficientes por la sobredimensión de trámites burocráticos que imposibilitan llevar alguna obra o un servicio a cabo, una de las tantas estrategias de la burocracia (de todos los colores) para obstaculizar el desarrollo de proyectos. Lamentablemente hacemos las leyes para olvidarlas, como por ejemplo la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

Sintetizando, proponemos para el debate que: a) el Ministerio de Seguimiento tiene que recurrir a los órganos receptores de denuncias, y en función de la información que obtengan promover las acciones necesarias, b) hay que promover la movilización social para presionar a todos los niveles de gobierno a investigar las denuncias que se hacen a través de la contraloría social, c) que las comunidades presionen a los municipios, a los estados y al gobierno nacional sobre las demandas que no han obtenido respuesta, d) obligar a los funcionarios a modificar los procedimientos para hacerlos más ágiles, e) que los órganos administradores de justicia adelanten las investigaciones correspondientes para combatir la impunidad y la corrupción.